Luces y sombras de los primeros dos meses del Gobierno de Abinader

-Algunos funcionarios se les hace difícil cumplir lo que prometieron en campaña -Reactivación económica y apoyo a sectores claves, principales prioridades del mandatario

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Luis Abinader camina en uno de los pasillos del Palacio Nacional.

El “evangelio” del cambio pregonado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) trajo como resultado más de dos millones de votos en las elecciones del 5 de julio en favor del gobierno de Luis Abinader, el cual arriba este viernes 16 de septiembre a sus dos primeros meses.

Ese cambio significaba un Procuraduría independiente, ataque y castigo a la corrupción, cero clientelismo y otros males que deterioraron a la gestión morada.

Sin embargo, en este corto periodo, el gobernante ha aplicado medidas que le han dado buenas calificaciones, pero las acciones de algunos funcionarios indican que todavía se les hace difícil aplicar la fórmula del cambio.

Para poner en contexto, Ito Bisonó dijo que la “formulita” de los combustibles no era para bajarlos, sino para exigir transparencia, y la senadora Faride Raful, caracterizada por sus firmes posturas, ha sido tendencia por no cumplir su palabra sobre el “barrilito” que se le otorga a esos legisladores y aceptar más de RD$1,059,000.

La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, también recibió una dosis de críticas, luego de que un reportaje de Nuria Piera, determinara que era suplidora de Estado y que, según esa investigación, había conseguido buenos contratos de forma cuestionada para recolectar la basura en Boca Chica, lo que constituye una violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

Taveras, quien llamó la atención por tener a su temprana edad de 33 años una fortuna de más de RD$74,000,000, fue suspendida como proveedora del Estado, como en las redes exigían su renuncia o el decreto con su destitución.

En ese mismo apartado está el senador del partido de Gobierno por la provincia de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, quien también apareció como proveedor del Estado y alega que la Constitución se lo permite.

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